La integridad pública, entendida como la alineación consistente y el cumplimiento de valores, principios y normas éticas compartidas para dar prioridad al interés general por encima de los intereses particulares, es uno de los pilares del desempeño institucional y una política estratégica para fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía; en consecuencia, los comportamientos, hábitos y creencias de las personas vinculadas a las entidades deben estar orientados hacía el sentido de lo público, la vocación de servicio y la garantía de los derechos de la ciudadanía.

Otro pilar importante es el de robustecer y garantizar el control social y la denuncia, para esto los canales de comunicación de las entidades con la ciudadanía deben permitir el reporte de posibles irregularidades administrativas, casos de corrupción o recomendaciones de mejora.