Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra el de servir a la comunidad, por esta razón la implementación de la Política de Servicio a la Ciudadanía transciende la atención oportuna y con calidad, a los requerimientos hechos por los ciudadanos.

Su cabal cumplimiento implica que las organizaciones públicas orienten su gestión a la generación de valor público y garanticen el acceso a los derechos de los ciudadanos y sus grupos de valor.

La Política de Servicio al Ciudadano se define entonces como una política pública transversal, cuyo objetivo general es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos, en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.